Costa Rica

los derechos humanos de la niñez con discapacidad en costa rica

 

Autor: Luis Fernando Astorga Gatjens,
Foro por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

 

La niñez con discapacidad en Costa Rica, sufre las mismas situaciones de discriminación y marginación social, que enfrentan las personas adultas, no obstante los avances jurídicos que exhibe el país en materia de discapacidad.

Este país centroamericano con una población de 4 millones de habitantes, cuenta con casi 400 mil personas con discapacidad; de las cuales, aproximadamente, un 21 %, son menores de 18 años.

Costa Rica, tal y como destacó el Relator Especial de Naciones Unidas en Discapacidad, el sueco Bentg Linqwist, en la visita que realizó hace dos años, posee un avanzada legislación en la materia, empero su cumplimiento es limitado; lo cual se traduce en violaciones de los derechos humanos, particularmente de derechos económicos, sociales y culturales.

Avances Legislativos
En mayo de 1996, se promulgó en el país la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (ley número 7600), que contempla una serie de disposiciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de este sector de la población. El conjunto de derechos humanos que promueve y protege este cuerpo jurídico, representan -en el plano legal- un importante paso de avance.

Tal y como está elaborada esta ley abre las puertas a la accesibilidad educativa, al empleo, a la salud y rehabilitación, al transporte público, al espacio físico y arquitectónico, a la información y la comunicación, y a la recreación, la cultura y el deporte. Sin embargo, un lustro después de su promulgación, los avances reales son tan limitados como preocupantes. Persiste una enorme brecha entre los derechos contemplados y su materialización cotidiana.

Precisamente, al cumplirse 5 años de la entrada en vigencia de esa ley (29 de mayo del año en curso), el Foro por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, una coalición de organizaciones no gubernamentales y personas con discapacidad, organizada en el 2000, indicó que "Los avances han sido poco profundos, reversibles y no han podido cambiar las condiciones y la calidad de vida de la inmensa mayoría de las casi 400 mil personas, que conforman la población con discapacidad en Costa Rica". Y agrega el Foro: "Tal y como señala la Defensoría de los Habitantes, seguimos constituyendo uno de los sectores poblacionales más excluidos del país".

Es oportuno reseñar que esta legislación se vio robustecida al ratificar el Estado costarricense, la Convención Americana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Tal ratificación, que se produjo en diciembre de 1999, convierte en parte del sistema jurídico costarricense esta importante convención, aunque no haya entrado en vigencia en el resto del continente americano.

Asimismo, en febrero de 1998, Costa Rica promulgó el Código de la Niñez y la Adolescencia, con lo cual -en el plano de la legislación- se fortalece la protección de los derechos de estos grupos etáreos.

Del Dicho al Derecho...Hay Mucho Trecho
Un pase de revista general, comparando aspectos relevantes de la normativa y su aplicación efectiva, nos permitirá caracterizar mejor el estado real de los derechos humanos de la niñez con discapacidad en Costa Rica. Veamos.

En el campo de la educación, si bien el Estado garantiza el acceso oportuno, "a las personas, independiente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la educación superior" (artículo 14, Ley 7600), este derecho se desdibuja a través de las continuas denuncias de rechazo en la matrícula a niños y jóvenes, en razón de su discapacidad.

La norma que contempla el derecho a la educación para las personas con discapacidad indica que "esta disposición incluye tanto la educación pública como la privada en todas las modalidades del Sistema Educativo Nacional", empero los rechazos a estudiantes con discapacidad, se siguen dando tanto en las escuelas públicas como privadas. Esto ha venido afectando a niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down y otras deficiencias sensoriales o mentales.

Igualmente, los pocos avances en los cambios en el entorno físico y arquitectónico en función de lograr accesibilidad para todas las personas, en los edificaciones educativas del Estado como privadas, dificultan enormemente y desestimular el ingreso de niños, niñas y jóvenes con discapacidad a las aulas.

También es bueno indicar que muchos educadores y educadoras son víctimas de prejuicios subestimados contra los estudiantes con discapacidad. Al argumentar que no pueden recibirlos en sus clases, se escuchan frases como "no fuimos preparados para atender a este tipo de personas" o bien, "no contamos con el tiempo necesario para atenderlos, particularmente".

En materia de salud, aunque Costa Rica presenta logros relativos que lo destacan en América Latina, en el campo de la rehabilitación de la niñez con discapacidad, el país muestra importantes lagunas. Por ejemplo, aunque existe un Hospital Nacional de Niños (de carácter estatal), sus autoridades se han negado, obstinadamente, a ampliar sus servicios especializados en el campo de la rehabilitación infantil.

El problema es que el hospital nacional de rehabilitación (CENARE), está concebido y funciona para la rehabilitación de las personas adultas; lo que deja a la población infantil con discapacidad, sin un servicio que atienda adecuadamente sus requerimientos.

Asimismo, la excesiva centralización en los servicios de salud (se ubican en la capital, San José), afecta la cobertura y calidad de la atención y rehabilitación de los niños y jóvenes con discapacidad de las zonas rurales.

En otros campos relativos a la accesibilidad, los niños y las niñas deben enfrentar los mismos problemas y las mismas situaciones de falta de accesibilidad que enfrenta el resto de la población con discapacidad. Esto es válido en lo referente transporte colectivo. El hecho de que la institución encargada con hacer cumplir lo dispuesto en transporte accesible (Ministerio de Obras Públicas y Transportes-MOPT), no haya cumplido con la ley 7600, hace que el país carezca de autobuses apropiados para personas con discapacidad, especialmente para quienes tienen comprometida su movilidad física. Esto afecta, por igual, a adultos como a jóvenes y niños.

Esta falta de accesibilidad está bastante generalizada en varios campos: en espacio físico, en la comunicación (para personas sordas) e información (para personas ciegas), en el acceso a lugares para la práctica deportiva o para la recreación, igualmente, en museos, teatros, cines, bibliotecas, etc.

de la Quimera a la Realidad
No es que no haya habido avances; lo que pasa es que se dan avances limitados y se materializan muy lentamente. Esto tiene que ver, en gran medida, en que en el Gobierno y las instituciones públicas, en general, prevalece un enfoque sobre la discapacidad, anclado en el pasado, en paradigmas caracterizados por la lástima, la beneficencia y el asistencialismo social.

Así en vez de preocuparse por el cumplimiento de la avanzada normativa existente, se impulsan acciones de limitado alcance, que apelan "al corazón de la ciudadanía" y no a las obligaciones que tiene el Estado, en este caso con los jóvenes y niños con discapacidad.

Mientras esta situación prevalezca, los derechos humanos de las personas con discapacidad, particularmente, los derechos de la niñez no sólo no estarán efectivamente garantizados, sino que serán una hermosa y perenne quimera.

 

Luis Fernando Astorga Gatjens,
Foro por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
lferag@racsa.co.cr